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La idea central del libro es la de articular la existencia de la obligación positiva a cargo del Estado de protección del ambiente y su responsabilidad por los daños ecológicos y ambientales que se causen, bien sea por su propia actividad, por inactividad, o por su insuficiente (ineficiente) cumplimiento de las misiones inherentes al deber de protección. Puede parecer una formulación simplista de la cuestión, pero resulta que la propuesta que se hace en la doctrina pretende, o bien confundir la responsabilidad con el régimen sancionatorio, o con las herramientas fiscales. Se trata de retomar una tesis que ya existe, que ya ha sido planteada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con fundamento y la vulneración debida a la contaminación o afectación del ambiente.

La administración de justicia como uno de los poderes del Estado no se encuentra exenta de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. En la evolución del régimen de responsabilidad del Estado-administración de justicia se ha superado la tesis inicial de la irresponsabilidad fundada en la inviolabilidad de las decisiones judiciales con los que se hacía prevalecer los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica, hasta llegar a la configuración de la responsabilidad no sólo por razón de dichas decisiones, sino también por el resultado de las mismas que se encaminen a privar injustamente la libertad de las personas, e incluso por anormalidad o defectuoso funcionamiento en la prestación de la actividad de la administración de justicia. Se trata, además, de un régimen que en el moderno Estado Social y Democrático de Derecho recibe el sustancial influjo de las normas convencionales, erigiéndose como sustrato esencial para su construcción del derecho de acceso a la administración de justicia o la tutela judicial efectiva, donde el papel de la víctima es esencial verificar por sobre los procedimientos, decisiones y funcionamiento en sí mismo de la administración de justicia. En el estudio que se presenta a continuación, se busca examinar la evolución de este régimen de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano; la influencia convencional del derecho de acceso a la administración de justicia o la tutela judicial efectiva; la posible revisión que exige la convencionalidad para el juzgamiento de la responsabilidad de los organismos judiciales internacionales; y, finalmente la delimitación de cada uno de los fundamentos en los que se estructura la responsabilidad del Estado-administración de justicia [indebido o imposible acceso a la administración de justicia; privación injusta de la libertad; error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia]. El análisis que se presenta en esta publicación deriva del estudio de la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia, comprendiendo todos aquellos eventos en los que la responsabilidad del Estado ha sido cuestionada bien sea por que se incurre en un error judicial [o jurisdiccional], en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia [v.gr., por imposición de un embargo, retención de un bien mueble, pérdida de bienes muebles en cabeza de auxiliares de la justicia como secuestres, etc.], o por privación injusta de la libertad. En cuanto a este último supuesto, en la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia desde 2013 existe un debate constante, complejo y divergente, acerca del daño antijurídico, de los títulos o supuestos de imputación y sobre la reparación de los perjuicios inmateriales y materiales. Se trata, en el evento de la privación injusta de la libertad, de debatir el alcance que debe darse a la primacía de la libertad como premisa sustancial en el ejercicio de la acción penal del Estado, sin que se convierta la detención, la privación de la libertad o la supresión del derecho a la locomoción en reglas generales, lo que sigue planteando debates en el derecho colombiano. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Para el departamento de Derecho del Medio Ambiente, y en especial para el Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, resulta satisfactorio poder presentar a la comunidad académica el volumen II de esta colección.Como se expuso en la presentación del primer volumen, el derecho de la responsabilidad civil está siendo sometido a fuertes y rápidas transformaciones. Por esta razón, es deber de los centros académicos sentir el pulso de la evolución jurídica que se está presentando con los fenómenos inherentes al cambio climático y al calentamiento global. El derecho, en general, tiene la obligación de leer los nuevos fenómenos sociales que están sucediendo, muchos de los cuales tienen origen y unas consecuencias ambientales.Como se expuso en la presentación del primer volumen, el derecho de la responsabilidad civil está siendo sometido a fuertes y rápidas transformaciones. Por esta razón, es deber de los centros académicos sentir el pulso de la evolución jurídica que se está presentando con los fenómenos inherentes al cambio climático y al calentamiento global. El derecho, en general, tiene la obligación de leer los nuevos fenómenos sociales que están sucediendo, muchos de los cuales tienen origen y unas consecuencias ambientales.

La idea central del libro es la de articular la existencia de la obligación positiva a cargo del Estado de protección del ambiente y su responsabilidad por los daños ecológicos y ambientales que se causen, bien sea por su propia actividad, por inactividad, o por su insuficiente (ineficiente) cumplimiento de las misiones inherentes al deber de protección. Puede parecer una formulación simplista de la cuestión, pero resulta que la propuesta que se hace en la doctrina pretende, o bien confundir la responsabilidad con el régimen sancionatorio, o con las herramientas fiscales. Se trata de retomar una tesis que ya existe, que ya ha sido planteada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con fundamento y la vulneración debida a la contaminación o afectación del ambiente.

Hace ya veinte años que el Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia inició la colección Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente. En esa época, su creador, Óscar Darío Amaya Navas, se preguntaba por el papel del derecho en la preservación de la naturaleza, indicando que debía consistir en evitar su deterioro, impulsar sanciones efectivas para contrarrestarlo y desarrollar incentivos eficaces enel marco de una política coherente con el medio ambiente (Amaya Navas, 2000). Desde el primer tomo de la colección hemos sido testigos dela forma en que el derecho ambiental ha cubierto no solo las acciones que Amaya vislumbraba sino muchas más, pues a medida que se incrementa la crisis ambiental son diversos los asuntos objeto de intervención del derecho, con el fin de lograr la preservación del entorno natural, que sigue siendo el objetivo central de esta rama del ordenamiento jurídico. En todos estos años la colección ha mantenido varios de sus aspectos característicos, el primero de ellos, y quizás el más importante, ha sido la apertura de esta rama del ordenamiento jurídico a diferentes enfoques, pues así lo exige la estirpe pluralista, democrática y liberal del Externado.Es claro que los autores han gozado de autonomía para identificar los temas yel alcance de sus investigaciones de forma que los lectores pueden encontrar encada uno de los tomos diversos puntos de vista en los análisis jurídicos realizados. Sin dogmatismos, sin líneas directrices y sin condicionamientos, más allá de los formales y de técnica jurídica que permiten validar su calidad, valiosos escritos de distintas fuentes han nutrido la colección, dando a conocer múltiples perspectivas del derecho ambiental, desde estudios jurídico-históricos y jurisprudenciales, hasta análisis de casos y evaluaciones normativas nacionales y extranjeras. Otro aspecto característico de las Lecturas es que constituyen el espacio ideal para que los profesores den a conocer los resultados de sus investigaciones, lo que resalta su doble rol de profesores-investigadores, y corrobora que no solo tienen conocimiento práctico sino que han dedicado parte de su ejercicio profesional a la investigación jurídica y al aporte doctrinal en derecho ambiental, todo ello sin obstaculizarlas contribuciones de otros expertos que permiten acceder al conocimiento que se genera en otras universidades e instituciones nacionales y extranjeras.

Luego de veinticinco años de ofrecer a la comunidad jurídica obras colectivas de investigación monográfica, que han marcado, año tras año, la doctrina administrativista, la escuela de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia presenta la obra Régimen jurídico de los agentes estatales, en tres tomos. Es un estudio completo de los aspectos más importantes del derecho administrativo laboral y de las distintas responsabilidades en las que pueden incurrir los agentes del Estado: sancionatoria y patrimonial. En el tomo III se aborda la responsabilidad patrimonial del personal a cargo del Estado: por una parte, la responsabilidad fiscal y, por la otra, los mecanismos para obtener el reembolso por las condenas, conciliaciones u otros re- conocimientos de la responsabilidad del Estado: la acción de repetición o de regreso y el llamamiento en garantía. También se estudia la posibilidad de ejercer la acción de reparación directa por actos de corrupción. Se trata de una obra profunda, novedosa y actual, que pone de presente la importancia de proteger eficazmente el patrimonio público, como un objetivo imperativo y de interés general

En todos estos ámbitos se fue formando todo un proceso de maduración acerca de una idea sustancial para el régimen jurídico-administrativo para la protección del ambiente: el principio de precaución es la garantía de eficacia para dicha protección. De dicha idea fueron surgiendo diversos interrogantes que debía delimitar inicialmente para lograr estructurar este trabajo: ¿qué es la precaución? ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué se afirma que es un principio jurídico? ¿Cuáles son los elementos del principio de precaución? ¿Qué es y qué comprende el riesgo como primer elemento? ¿Qué es y qué comprende la incertidumbre? ¿Son asimilables prevención y precaución? ¿Qué fundamentos filosófico-jurídicos lo sustentan?; ¿cómo se incorpora al discurso jurídico? ¿Cuál es su contenido desde la perspectiva jurídico-administrativa? ¿Qué influencia tiene sobre las decisiones de la administración pública? ¿Qué excesos y límites deben imponerse para su adecuada aplicación por parte de la administración pública encargada de la protección del ambiente?; y, ¿cómo se puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de las decisiones fundadas en el principio de precaución y orientadas a la protección del ambiente?

Desde hace tiempo se ha evidenciado en el mundo la constitución de un nuevo poder económico, político y social radicado en cabeza de las empresas multinacionales y/o transnacionales. La historia de ese poder se remonta al siglo XVII, cuando comenzó el intercambio de conocimientos (v. gr., el contrabando de dibujos, diseños y maquinaria de Inglaterra a las colonias norteamericanas), y tomó algunos de sus perfiles actuales a principios del siglo XIX, cuando existió un activo mercado internacional de capitales.

En todos estos ámbitos se fue formando todo un proceso de maduración acerca de una idea sustancial para el régimen jurídico-administrativo para la protección del ambiente: el principio de precaución es la garantía de eficacia para dicha protección. De dicha idea fueron surgiendo diversos interrogantes que debía delimitar inicialmente para lograr estructurar este trabajo: ¿qué es la precaución? ¿Cuál es su contenido? ¿Por qué se afirma que es un principio jurídico? ¿Cuáles son los elementos del principio de precaución? ¿Qué es y qué comprende el riesgo como primer elemento? ¿Qué es y qué comprende la incertidumbre? ¿Son asimilables prevención y precaución? ¿Qué fundamentos filosófico-jurídicos lo sustentan?; ¿cómo se incorpora al discurso jurídico? ¿Cuál es su contenido desde la perspectiva jurídico-administrativa? ¿Qué influencia tiene sobre las decisiones de la administración pública? ¿Qué excesos y límites deben imponerse para su adecuada aplicación por parte de la administración pública encargada de la protección del ambiente?; y, ¿cómo se puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de las decisiones fundadas en el principio de precaución y orientadas a la protección del ambiente?

Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a la teoría, la gestión y el derecho ambiental, elaborados por académicos allegados a la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, y nace del interés de rendir homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, quien con apoyo, generosidad y grandeza ha contribuido a la construcción del derecho ambiental en Colombia y Latinoamérica. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de los aportes de esta Escuela de Derecho Ambiental y propiciar un diálogo en temas relacionados con la protección del ambiente como interés jurídico superior. La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de Gloria Amparo Rodríguez, marcada por sus aportes significativos al estudio del derecho ambiental y el derecho de los pueblos indígenas; pero también por un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy una huella imborrable en todos sus hijos académicos. Además, su rigor académico se ve reflejado en la recepción que han tenido los aportes de todos quienes nos hemos forjado en su Escuela de Derecho Ambiental.