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La política de descentralización en México fue instrumentada hace más de tres décadas. El proyecto tuvo múltiples propósitos. Entre los más trascendentes se consideran: aliviar el déficit fiscal del gobierno federal, y completar el sueño federalista de tener gobiernos municipales con la capacidad de aportar a la calidad de vida cotidiana de sus habitantes. La autonomía municipal fue enunciada desde la constitución mexicana de 1917. Sin embargo, ésta se concretó varias décadas después, hasta alcanzar la formalidad en el año 1999. Fue entonces cuando se reconoció a los gobiernos municipales como el tercer orden de gobierno de la federación. Aun así, la descentralización municipal no transformó sustancialmente el modelo federal, pues continuó siendo un federalismo dual centralizado, donde cada orden de gobierno tiene atribuciones muy específicas, excluyentes, y predominan las atribuciones para el gobierno federal. En 1983 dio inicio la descentralización enfocada en los municipios; aunada al ascenso de la democracia, ambas se convirtieron en dos fuerzas para los gobiernos locales y sus procesos de gobernabilidad. En suma, como señala Pardo (2006), “la descentralización se concibe como una herramienta que permite hacer frente de una manera distinta [a] la acción pública” (p. 115). Después de tres décadas, el saldo de la descentralización municipal (para algunas instituciones como el IMCO1), es pobre en la medida que los gobiernos municipales no tienen buen desempeño; hay mala coordinación intermunicipal; existen grandes déficit de servicios públicos; hay problemas de inseguridad severos; y además, un manejo financiero ineficiente.

La publicación de este libro coincide con la conmemoración de los 100 años de promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máximo ordenamiento jurídico que regula la vida de nuestro país. Entre las instituciones más importantes emanadas de este documento, se encuentra sin duda alguna, el sistema federal, uno de los cuatro que existen en la región, aunque paradójicamente, a pesar de ello, México sea reconocido como uno de los países más centralizados. La Constitución señala las reglas con base en las cuales los gobiernos federal, estatales y municipales trabajan para promover los objetivos más importantes, que de acuerdo con la actual agenda global de desarrollo son la erradicación de la pobreza y la inequidad. Este colosal reto obliga a preguntarse cuáles son los resultados que el modelo federal mexicano ha tenido en la promoción de mejores condiciones de vida para la población y en qué medida es aún útil para impulsar el trabajo coordinado de las tres esferas de gobierno, junto con los sectores privado y social, a fin de procurar el desarrollo integral de la nación.

Los gobiernos subnacionales iberoamericanos - especialmente los municipios - han evidenciado numerosas transformaciones durante los últimos treinta años.1 Una característica central de las mismas ha sido el incremento de responsabilidades y atribuciones en estos niveles de gobierno, por lo general en el marco de procesos de descentralización y reforma de los Estados nacionales. Mucho se ha investigado acerca de los modelos descentralizadores iniciados a partir de las décadas de 1980 y 1990 y bastante menos sobre las recientes tendencias re-centralizadoras en la región. Por lo general, en ambos casos estos procesos se han examinado desde la mirada de los gobiernos nacionales y a partir del análisis de políticas sectoriales relacionadas con reglas y arreglos de relaciones intergubernamentales.